Los templos son cerrados por orden de los Obispos y con aprobación del Papa Pio XI, como respuesta a las terribles iniquidades de la Ley Calles.
Calles por su parte declara que todos aquellos templos que sean abandonados por los clérigos, serían ocupados para usos profanos.
Calles consiguió proceder en la reglamentación del Código penal en el DF y territorios y hacer imposible a la Iglesia y a sus sacerdotes el ministerio a no ser como empleados gubernamentales.